VIOLENCIA Guatemala decreta estado de sitio por 30 días para frenar la violencia de pandillas  La medida otorga facultades extraordinarias al Ejército tras ataques que dejaron policías muertos. El Gobierno asegura que no se alteran servicios ni la vida institucional.
El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días para enfrentar una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, tras una serie de ataques que incluyeron motines carcelarios y asesinatos de agentes policiales. La decisión, anunciada en cadena nacional, habilita un marco legal excepcional para reforzar la seguridad en zonas bajo amenaza, en un contexto de presión creciente sobre el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad.
La medida se inscribe en una estrategia oficial orientada a recuperar el control de instituciones que, según el Ejecutivo, habían sido capturadas por estructuras delictivas. El fin de semana previo al decreto se registraron disturbios simultáneos en cárceles de distintas regiones, con toma de rehenes y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil. Estos episodios aceleraron la decisión presidencial de recurrir a un régimen previsto por la legislación guatemalteca para situaciones que ponen en riesgo el orden constitucional y la seguridad del Estado.
El estado de sitio faculta a las fuerzas armadas a intervenir de manera directa, disolver organizaciones sospechadas de alterar el orden y realizar detenciones sin orden judicial previa, además de emplear medios preventivos y operativos para restablecer la normalidad. Durante su vigencia, todas las dependencias estatales deben colaborar con la autoridad militar. Al cierre de la jornada, se reportaban ocho policías fallecidos y más de diez heridos, mientras que operativos en centros penitenciarios permitieron liberar a más de 40 rehenes y asegurar armas. Las autoridades dispusieron además tres días de luto nacional por la muerte de agentes y sostuvieron que la administración pública y los servicios esenciales continuarán funcionando.
En el corto plazo, el Gobierno buscará consolidar el control en cárceles y zonas urbanas con presencia de pandillas, mientras avanza la implementación del régimen excepcional. En paralelo, la evolución de la violencia y el impacto de las facultades ampliadas sobre derechos y garantías quedarán bajo observación del Congreso y de organismos internacionales. El desafío será restablecer condiciones de seguridad sostenibles una vez vencido el plazo del estado de sitio, sin afectar la estabilidad institucional ni la actividad cotidiana del país.
Lunes, 19 de enero de 2026
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