AMENAZAS DE ALUMNOS Hay 30 escuelas judicializadas por amenazas y la justicia determinará las sanciones  La subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, confirmó que ya son 30 los establecimientos educativos judicializados tras la ola de amenazas de tiroteo que generó preocupación en toda la provincia.
Según indicó, en la mayoría de los casos los responsables fueron identificados y se trata de menores de edad.
La funcionaria aseguró que las intimidaciones están vinculadas a un fenómeno viral en redes sociales. “No es justo que un chiste o un desafío de TikTok ponga en jaque toda la vida escolar”, remarcó.
Desde la Policía de Corrientes advirtieron que no se tolerarán este tipo de acciones que afectan el normal dictado de clases. En ese marco, se dispuso custodia preventiva en distintos edificios escolares, especialmente en aquellos donde las amenazas incluían fechas concretas.
Fenómeno regional y “bromas” sin sustento
Jetter explicó que esta modalidad no es exclusiva de Corrientes, sino que forma parte de un fenómeno que también se registró en otros puntos del país y en Chile. Las amenazas suelen aparecer como mensajes escritos o notas con características similares, muchas veces en baños escolares.
“Todos los autores fueron ubicados y confesaron que se trataba de una broma”, afirmó. Además, aclaró que no se hallaron armas en los domicilios de los involucrados, a diferencia de situaciones detectadas en otras jurisdicciones.
Medidas preventivas en escuelas
Ante el temor generado, algunas instituciones adoptaron medidas excepcionales. Entre ellas, la recomendación de asistir sin mochilas, implementada en establecimientos como el Colegio José Manuel Estrada.
También se reforzó la presencia policial en escuelas puntuales, como la Escuela Manso y el Colegio Nacional, donde las amenazas señalaban posibles ataques en días específicos.
Responsabilidad y sanciones
La subsecretaria fue contundente al referirse a las consecuencias legales: “Se va a ir hasta las últimas consecuencias”. En ese sentido, explicó que será la Justicia la que determine las sanciones correspondientes en cada caso.
Respecto al rol de los padres, Jetter señaló que podrían existir responsabilidades legales, aunque aclaró que, en muchos casos, las conductas encuadrarían como contravenciones.
La situación mantiene en alerta a la comunidad educativa, mientras las autoridades buscan llevar tranquilidad y evitar que este tipo de conductas se repitan.
Martes, 21 de abril de 2026
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