SALTA Es Ley los crímenes de odio contra comunidades indígenas  La norma prevé campañas, protocolos, registros e informes públicos con intervención de organismos y comunidades de pueblos originarios.
Salta ya tiene en vigencia una ley vinculada a crímenes de odio y comunidades indígenas. Mediante el Decreto Nº 275, fue promulgada la Ley Nº 8534, una norma que apunta a prevenir y abordar agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
La ley fija medidas de visibilización, sensibilización y educación en toda la provincia, y además establece herramientas para avanzar con acciones integrales de prevención y asistencia a víctimas.
También dispone la designación de una Autoridad de Aplicación, que deberá reunir datos, elaborar informes, coordinar protocolos y llevar adelante campañas públicas.
La ley en Salta busca prevenir crímenes de odio contra mujeres y niñas indígenas
La norma promulgada en Salta está orientada a dar visibilidad a una problemática específica: los crímenes de odio vinculados a agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. Según el texto informado, el objetivo es instalar acciones de concientización y educación en todo el territorio provincial.
Al mismo tiempo, la ley plantea el desarrollo de políticas públicas integrales. Ese esquema está dirigido tanto a la prevención de estos hechos como a la asistencia de las víctimas, dentro de un marco de protección de derechos.
La Ley 8534 ya había sido sancionada por la Legislatura provincial. Luego, mediante el Decreto Nº 275, quedó promulgada formalmente y pasó a incorporarse al conjunto de herramientas institucionales previstas para este tipo de situaciones.
Comunidades indígenas y organismos tendrán participación en la aplicación de la norma
Uno de los puntos centrales de la ley es que el Poder Ejecutivo provincial deberá designar una Autoridad de Aplicación. Ese organismo tendrá entre sus funciones el análisis de estadísticas y casos, además de la elaboración de informes y recomendaciones.
De acuerdo con lo difundido, también deberá confeccionar protocolos interinstitucionales de actuación, desarrollar registros y mapas de casos, y poner en marcha campañas de difusión y concientización. De esa manera, la norma busca ordenar información y coordinar respuestas entre distintas áreas.
Además, el texto prevé mecanismos de consulta permanente con comunidades indígenas, instituciones educativas y distintos poderes del Estado. Esa tarea será articulada con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, conocido como IPPIS.
El plan anual incluirá materiales y un informe público sobre la implementación
La legislación contempla un plan anual de acciones. Ese programa incluirá campañas educativas en distintos niveles, materiales adaptados a las lenguas de los pueblos originarios y capacitaciones para personal estatal que trabaje en zonas de riesgo.
Esas instancias de formación, según se informó, deberán tener enfoque intercultural, de género y de derechos humanos. A la vez, la ley incorpora la obligación de presentar un informe anual de gestión pública.
Ese documento deberá enviarse al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público. También tendrá carácter de acceso público y deberá contener estadísticas, acciones desarrolladas y propuestas de trabajo.
Martes, 12 de mayo de 2026
|
