EMPRESARIOS DE EEUU Extranjeros desalojan a comunidades indígenas originarias de las tierras en Misiones  La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2 habita desde hace generaciones la misma tierra en Misiones. Sufre desde hace años el asedio de empresas forestales, entre ellas la multinacional Arauco.
En una nueva vulneración de derechos, el juez Roberto Antonio Sena ordenó el desalojo para beneficiar al empresario Alfredo Ruff. Un nuevo capítulo del despojo a los pueblos indígenas.
Más de de 50 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, ubicada en el paraje Cañafístola (municipio de Garuhapé), para ejecutar la orden del juez Roberto Antonio Sena, a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff. Con ese operativo, el gobierno de Misiones expulsó a las familias de un territorio cuya ocupación tradicional había sido reconocida por el propio Estado nacional mediante el relevamiento territorial de la Ley Nacional 26.160.
El procedimiento fue el martes 28 de julio, por la fuerza y no resolvió la cuestión de fondo de un conflicto territorial de décadas. Mientras las familias mbya eran desalojadas, continúan pendientes recursos judiciales, planteos de nulidad y cuestionamientos formulados por la defensa sobre la legalidad del expediente. El Poder Judicial avanzó para beneficiar el extractivismo forestal que tiene nombre y apellido en este caso: Alfredo Ruff.
Lo ocurrido en la comunidad Puente Quemado 2 expone el funcionamiento de un modelo donde el poder económico, la estructura judicial y el aparato estatal convergen para garantizar el avance del extractivismo forestal sobre territorios ancestrales.
La orden había sido dictada el 17 de julio por el juez Roberto Antonio Sena, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América, a pedido directo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de las tierras alegando una presunta usurpación. El juez Sena autorizó el ingreso de la fuerza pública y la intervención de organismos estatales para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la cuestión de fondo donde (la titularidad definitiva) del territorio todavía no había sido resuelta.
Inicialmente, el operativo estaba previsto para el 17 de julio, pero fue suspendido provisoriamente gracias a un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa). Aquella medida otorgó un alivio momentáneo a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial. Desde entonces, Puente Quemado 2 permaneció en estado de alerta permanente, consciente de que el desalojo podía ejecutarse en cualquier momento. La amenaza se materializó el 28 de julio.
Lunes, 3 de agosto de 2026
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